Denuncian a Eduardo Petta, a Euclides Acevedo y al padre de «Nenecho» por título “trucho” de Hernán Rivas
La Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) presentó una denuncia penal contra el exministro de Educación, Eduardo Petta; el exrector Euclides Acevedo; y el exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Sudamericana, Óscar Rodríguez Kennedy, padre del exintendente de Asunción Óscar «Nenecho» Rodríguez. El escrito los responsabiliza por hechos relacionados con el título de abogado «trucho» del senador Hernán Rivas (ANR).
Según la denuncia, resulta llamativo que el Ministerio Público haya omitido investigar a las autoridades que participaron en la emisión y validación del cuestionado título universitario. El documento menciona a Petta, Acevedo y Rodríguez, así como a los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y de la Corte Suprema de Justicia, quienes, con su silencio, habrían permitido la consumación del fraude.
Respecto al exministro del MEC, el texto indica que la auditoría interna ordenada por Petta, en lugar de esclarecer las irregularidades, terminó convalidando un documento cuya autenticidad ya había sido objetada por el propio Ministerio Público en una acusación.
> «Esta falta de transparencia impide evaluar con rigor el grado de responsabilidad individual de quienes participaron en la elaboración del informe. Sin embargo, la apertura de una investigación penal permitiría identificar a cada uno de los funcionarios involucrados, revisar sus actuaciones y determinar si incurrieron en conductas que puedan ser calificadas como hechos punibles», señala la denuncia.
En cuanto a Acevedo y Rodríguez Kennedy, se sostiene que ambos suscribieron el título del senador Rivas: el primero en calidad de rector y el segundo como decano de la Facultad de Derecho. Con su firma avalaron un certificado de estudios y un título de abogado que, hasta hoy, no cuenta con registros académicos válidos ni constancias de cursado regular.
> «La emisión de un título sin respaldo académico, en beneficio de una persona que no cursó la carrera conforme a los requisitos legales, constituye una violación grave al deber funcional y habilita la persecución penal», agrega el escrito.
Finalmente, la Coapy advierte que la omisión investigativa vulnera el principio de legalidad y deja sin respuesta a la ciudadanía sobre lo que podría ser una estructura organizada para la fabricación de títulos falsos con fines de acceso ilegítimo a cargos públicos.
