El presidente del Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruíz Díaz, ratificó que realizarán el paro de transportistas este 21 de julio por 72 horas. El mismo se refirió además a la propuesta de diputados que instan a implementar la Ley 6789, que cancela la licencia, itinerario y subsidio a empresas del transporte público infractoras de normativas.
En ese sentido, dijo que esa es una ley que se habría promulgado, pero ellos tienen la visualización de la Pirámide de Kelsen, haciendo referencia al marco jurídico que prioriza la Constitución Nacional como la norma suprema.
El líder de Cetrapam subrayó que el Artículo 98 de la Constitución consagra el derecho al paro y a la huelga, argumentando que cualquier regulación inferior debe respetar esta garantía. «Todo lo que venga debajo queda reprimido», señaló, añadiendo que el gobierno no tiene autoridad para cancelar líneas de transporte como represalia por el ejercicio de este derecho. «Por cumplir un derecho nadie te puede hacer daño», enfatizó.
Ruíz Díaz también informó que se han presentado acciones de inconstitucionalidad contra la ley, las cuales ya cuentan con admisibilidad, aunque aún no han sido declaradas inconstitucionales. Además, destacó la importancia del transporte público como un servicio imprescindible y un derecho ciudadano, señalando que el sector está trabajando en determinar el mínimo de prestación de servicio necesario durante el paro, en línea con esta consideración.
El paro refleja las tensiones entre los transportistas y el gobierno por el supuesto atraso del pago de subsidio y la esperada reforma. Por otro lado, Ruíz Díaz mencionó que al menos 20 empresas quebraron y nunca más nadie se presentó a cubrir esas vacantes, atribuyendo esta situación a la ausencia de garantías jurídicas y a la ineficacia del Viceministerio de Transporte.
Los transportistas también señalaron que los subsidios y las tarifas actuales, como los G. 5.573 por diferencial y G. 4.463 por servicio convencional (basados en un estudio de enero a junio de 2024), no reflejan la realidad de los costos operativos, con una rentabilidad que apenas alcanza el 7.2% al 7.5%, inferior a las ganancias de certificados de depósito de ahorro.
«Nos conviene liquidar nuestros activos y no vivir la vida estresada bajo el transporte público», afirmó Ruíz Díaz, reflejando el descontento del sector.
